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La Asociación Americana de Juristas (AAJ) acaba de emitir un informe, sobre
las condiciones de detención de 8.000 presos palestinos en manos de Israel.
El documento es producto de una visita reciente de delegados de la entidad
en la región. La entidad denuncia que los jueces militares israelíes pueden
ejercer una gran discrecionalidad para retener personas sin imputarles
ningún delito y sentenciarlos sin las garantías del debido proceso. La ley
les permite, por ejemplo, privar de la libertad a un palestino, sin
atribuirle delito alguno, por un período que puede llegar a siete meses,
mientras que a un israelí en la misma situación sólo puede mantenérselo
detenido por un mes.
"La Asociación Americana de Juristas ha estado presente entre los días 5 y 8
de agosto de en El Cairo, donde se celebró una reunión internacional de
juristas destinada a analizar la situación legal de los actuales 8000 presos
palestinos en manos del Estado de Israel. Dicha ocasión, además, fue
aprovechada para lanzar una campaña internacional que exige la inmediata
liberación de los detenidos.
"La reunión fue convocada por la Asociación Internacional de Juristas
Demócratas y por la Arab Lawyer Unión, y abarcó también una reunión con el
secretario general de la Liga Arabe, Amr Mousa. Durante su transcurso el
secretario general expresó su solidaridad con los detenidos palestinos en
manos del poder de ocupación israelí y anunció la creación de un comité
oficial para seguir de cerca el juicio contra el líder palestino Marwan
Barghouti.
"El comité de juristas brindó una conferencia de prensa poniendo en
conocimiento de los medios de comunicación la particular situación de las
8000 personas detenidas por parte del Estado de Israel, así como el
tratamiento ilegal que reciben y la victimización resultante. Se expresó
entonces la necesidad de hacer un llamamiento a todos los juristas del mundo
a sumarse a esta campaña y a exigir el cumplimiento de los instrumentos
internacionales que imponen la obligación de respetar las reglas del debido
proceso legal.
"Preocupa que jueces militares pueden ejercer una gran discrecionalidad para
retener personas sin imputarles ningún delito, ni juzgarlos por largo
tiempo, y luego también sentenciarlos sin las garantías del debido proceso.
Prueba de ello resulta que los palestinos pueden ser detenidos hasta 18 días
antes de ser llevados ante un juez, y pueden incluso ser privados de su
libertad sin serle atribuido hecho delictivo alguno por un período inicial
de 30 días. Término que puede ser extendido por un plazo máximo de 6 meses,
y que contrasta con la suerte que puede correr, en cambio, un israelí en la
misma situación. Este último sólo puede ser detenido sin imputación por un
período inicial de 15 días, el que puede extenderse por un máximo de 15 más.
" Los prisioneros palestinos pueden también verse impedidos de tener
contacto con sus abogados por un máximo de 90 días desde la fecha de
detención por 'razones de seguridad'. Ese plazo es de 15 días tratándose de
personas de nacionalidad israelí. Los palestinos son, además, usualmente
encerrados en confinamiento solitario durante este período inicial de
detención.
" También se destacó la preocupación respecto del mantenimiento de los
presos bajo un estricto régimen de incomunicación y su imposibilidad de
acceder a sus abogados. En ese sentido, la Corte Suprema de Israel ha
sostenido que los detenidos no tienen que ser informados sobre sus derechos
durante los interrogatorios. El resultado es que la mayoría de aquellos
desconocen que les asiste el derecho a permanecer en silencio y a no auto
incriminarse.
" Tras ello el comité de juristas integrado por la jueza Claudia Morcom
(USA) y los abogados Jeanne Mirer, Margaret Ratner Kunstler, Nancy Hormachea,
Steven Golberg (todos ellos de los Estados Unidos) y Martín Lozada (de la
Argentina), se trasladó a la ciudad de Jerusalén, lugar donde mantuvo
entrevistas con una pluralidad de abogados palestinos e israelíes miembros
de organizaciones pacifistas y de derechos humanos. Durante el transcurso de
aquellas reuniones el comité profundizó su conocimiento sobre la situación
legal de los detenidos.
"Entre los interlocutores presentes estuvieron varios miembros de la
Palestinian Lawyers Association, así como uno de la Israeli Bar Association,
el director general del Jerusalem Center of Human Rights y un miembro del
Mandela Institute for Political Prisioners.
"Seguidamente, el comité visitó un establecimiento penitenciario en Jericó y
mantuvo una extensa entrevista con el secretario general del Frente Popular
para la Liberación de Palestina (FPLP), Ahmad Sa'adat, quien fue detenido el
15 de enero de 2002 por los servicios generales de información palestinos,
tras imputarle la participación en el homicidio del ministro israelí de
Turismo, Rehavam Ze'evi, en octubre del año pasado. Su caso resulta
paradigmático respecto del estrangulamiento legal que sufre en pueblo
palestino en la actualidad.
"A raíz de una petición elevada al Tribunal Superior de Justicia de la
Autoridad Palestina, que tiene su sede en Gaza, para que se dejara en
libertad a Ahmad Sa'adat, se ordenó a los servicios generales de información
palestinos que presentaran pruebas contra el detenido, pero no lo hicieron.
Entonces, el 3 de junio, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que lo
dejaran inmediatamente en libertad, ya que no se habían presentado cargos en
su contra, ni había sido llevado ante un juez. Sin embargo, al día
siguiente, el gobierno palestino declaró que, aunque respetaba la decisión
del Tribunal, Ahmad Sa'adat no debía ser puesto en libertad dado que los
israelíes habían amenazado con asesinarlo.
"Dicha amenaza había tenido origen, aparentemente, en unas declaraciones de
Ra'anan Gissin, vocero del gobierno israelí, que había advertido: 'Si no es
puesto en manos de la justicia, seremos nosotros quienes hagamos justicia
con él. No se puede dejar libres a los asesinos.' En este sentido vale
destacar que la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) ha ejecutado
extrajudicialmente a palestinos sospechosos de atacar a israelíes, y el 27
de agosto de 2001 mató en Ramallah a Mustafa Zabri (Abu ‘Ali Mustafa),
el anterior secretario general del FPLP, lanzando un misil contra él desde
un helicóptero Apache.
"Las presiones que en el ámbito legal ejerce el gobierno de Israel sobre la
Autoridad Palestina resultan también ilustradas por la situación sufrida por
Basel al-Asmar, ‘Ahed Abu Ghalma, Majdi al-Rimawi y Hamdi Qar'an,
acusados también del homicidio de Rehavam Ze'evi, y Fuad Shubaki, detenido
sin cargos ni juicio en relación con la presunta utilización del barco
Karine A para transportar armas a Gaza. Con todos ellos se mantuvo una
entrevista en sus respectivos lugares de detención.
"Pudimos interiorizarnos así que el 29 de marzo pasado, en ocasión en que se
encontraban aquellos en el interior de las oficinas del presidente Arafat,
fueron atacadas por la FDI, permaneciendo sitiadas durante un mes. Durante
dicho período los cuatro individuos acusados del asesinato de Rehavam Ze'evi
fueron allí juzgados por un tribunal especial que, tras un procedimiento
manifiestamente arbitrario e injusto, les impuso penas de hasta 18 años de
prisión. Una de las condiciones impuestas por Israel para levantar el sitio
era que les fueran entregados los seis detenidos. Y así se hizo el 1 de mayo
en virtud de un trato por el que se dispuso que fueran trasladados a Jericó,
donde continúan recluidos bajo la vigilancia de observadores británicos y
norteamericanos.
"Entre las concluciones a las que arribó el comité de juristas se
encuentran, en primer término, que los habitantes de la franja oriental y de
Gaza son personas protegidas por la cuarta Convención de Ginebra y por todos
los derechos que de allí emanan. Por lo tanto, los arrestos masivos que
sufren actualmente los palestinos representan una violación a la prohibición
de aplicar castigos y sanciones de carácter coletivo. En otras palabras, el
castigo sólo es posible de ser aplicado como consecuencia de actos cometidos
por personas individuales, y tras un procedimiento muy puntual que
comprende, por supuesto, la posibilidad de ejercer la defensa legal del
acusado. Los castigos no pueden recaer en forma genérica contra un pueblo o
colectivo de personas sólo por cuestiones de pertenencia.
"Pero también se viola, entre otros muchos, el artículo 9 del Pacto de
Derechos Políticos y Civiles, ratificado oportunamente por Israel. El mismo
obliga a no realizar arrestos o detenciones arbitrarias, y en caso de que
efectivamente se prive a alguna persona de su libertad, pues entonces impone
la obligación de comunicarle los motivos legales que fundan la misma. Nada
de esto sucede, muy lamentablemente, en la actualidad.
"El comité corroboró, además, las grandes dificultades que afrontan los
abogados que pretenden ejercer la defensa de los palestinos privados de su
libertad. Entre otras, se destaca la utilización por parte de los tribunales
militares de una serie de 'archivos secretos' que son frecuentemente
utilizados como elementos de cargo contra los acusados, sin siquiera ser
controlados o puestos en conocimiento de la defensa.
"Por último, se establecieron mecanismos de consulta entre los miembros del
comité y las organizaciones de defensa de los derechos de los detenidos, en
miras a realizar contribuciones que permitan mejorar la defensa legal de
aquéllos y, simultáneamente, dar a conocer alrededor del mundo la trágica
situación que experimentan en la actualidad."
Firman el documento, por la AAJ, la doctora Cléa Carpi da Rocha (Brasil) y
el doctor Martín Lozada (Argentina).
Fuente: El corresponsal.
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