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La creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como consecuencia de los acuerdos de Oslo supuso la primera entidad gubernamental en la propia Palestina. Territorialmente su jurisdicción, la llamada Zona A, se reducía al 7% del total de Cisjordania y
Gaza, fragmentada y asediada por la administración militar israelí, en tanto que Jerusalén Oriental quedaba al margen. Esa nueva ANP asumía de hecho la jurisdicción (y, por tanto, las responsabilidades sociales, educativas, sanitarias, culturales, etc.) sobre el 93% de la población
palestina.
Sin embargo, a través del mismo proceso de Oslo se pidió a la ANP que colocase la seguridad como primera línea de actuación, así que ha tenido que invertir su presupuesto sobre todo en cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia en detrimento de los servicios públicos. Tal y como dice Gema Martín Muñoz", se le pedía que violase la legalidad internacional con detenciones al margen de cualquier proceso legal, se abrieran "tribunales de seguridad" para actuar tanto contra los perseguidos por Israel como contra quienes criticaban el proceso de Oslo y la falta de democracia del Gobierno Palestino. El gobierno de la ANP aqueja además un gran déficit democrático en el cual se reparten el poder las grandes familias históricas palestinas, y en el que los excesivos treinta ministerios favorecen la corrupción y el clientelismo. Hay una presión de la sociedad palestina para que haya elecciones libres y para que se democraticen las estructuras palestinas. El Centro Palestino de Derechos Humanos ha confirmado varias violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de la ANP:
Arrestos ilegales. Desde su creación en 1993, la ANP ha llevado a cabo un gran número de arrestos por motivos políticos, tanto bajo la presión de Israel como de Estados Unidos, a menudo sin cargos y en clara violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Además la policía palestina no aplica las órdenes judiciales emitidas por los Tribunales palestinos para la liberación de los presos detenidos ilegalmente. La ANP liberó prácticamente a todos los presos al inicio de la Segunda
Intifada, ante el temor de que los centros de detención pudieran ser bombardeados por los aviones de combate israelíes. Sin embargo, en otoño de 2001, la ANP retomó la práctica de las detenciones ilegales sin pruebas o proceso judicial alguno.
Torturas v malos tratos. Desde enero del 2001, al menos cuatro palestinos han muerto en circunstancias sospechosas bajo la custodia de la ANP, lo cual demuestra que la tortura se sigue aplicando.
Tribunal de Seguridad del Estado. La Autoridad Nacional Palestina ha establecido un Tribunal de Seguridad del Estado para evitar los trámites judiciales, eliminando así cualquier forma de trasparencia y un proceso justo. Los juicios son, con frecuencia, sumarios, arbitrarios e injustos y tienen lugar ante jueces militares con un abogado defensor impuesto: las sentencias se llevan a cabo sin posibilidad de apelación.
Pena de muerte. La ANP ha condenado a pena de muerte en contadas ocasiones y ha ejecutado a dos personas durante la lntifada
AI-Aqsa, o Segunda lntifada. El Centro Palestino de Derechos Humanos mantiene una rotunda oposición a la pena de muerte.
Colaboradores. La mayoría de las personas que han tenido que hacer frente a las torturas, juicios injustos y pena de muerte, han sido acusados de colaborar con el ejército de ocupación israelí. Esta situación se ha complicado con los Acuerdos de Oslo, que garantizan inmunidad a cualquier palestino que "haya mantenido contacto con las autoridades israelíes". El Centro Palestino de Derechos Humanos apoya las investigaciones, juicios y castigos a aquellas personas que hayan colaborado, pero mantiene que esos juicios deben realizarse de acuerdo con las normas internacionales.
Instituciones Democráticas. Antes del inicio de la Segunda lntifáda, el brazo ejecutivo de la ANP de manera regular ha socavado el trabajo del Consejo Legislativo Palestino
(CLP), al negarse a ratificar las leyes aprobadas, ignorando los plazos impuestos por cl
CLP, o no consultándolo apropiadamente. El Consejo Legislativo Palestino no se ha podido reunir durante la Intifada
Al-Aqsa debido al cierre impuesto por Israel sobre los territorios." Ya antes se hacían reuniones por separado de los legisladores de Gaza y
Cisjordania. pues los primeros no se podían desplazar a Ramala.
A la falta de voluntad política por parte de la ANP de preservar los derechos humanos de la población
palestina, hay que añadir las limitaciones que ello acarrea cuando se vive bajo la ocupación y con una política de destrucción institucional de la ANP y de castigo colectivo contra la población
palestina. De hecho, durante la reocupación de Cisjordania en 2002 se bombardearon con F-16 todas las instalaciones de la policía
palestina, lo cual hace mas absurda la pretensión de que sea la ANP la que se encargue de la seguridad y ha hecho que ésta haya sido en buena parte asumida por los numerosos grupos armados irregulares vinculados en su mayoría a cada uno de los distintos partidos políticos palestinos. Estos grupos armados algunas veces dirigen sus actividades contra la propia población palestina ante la sospecha de colaboracionismo con los israelíes. Desde el inicio de la Segunda lntifada más de ochenta palestinos han sido ejecutados por este motivo por alguno de los distintos grupos armados, siendo sometidos a escarnio y linchamiento público.
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